La directora del estatal Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, se mostró a favor de endurecer las multas y las medidas para las personas que de manera ilegal están entrando a territorio panameño, ante la crisis por el creciente flujo de migrantes que está ingresando al país por la oriental y selvática provincia panameña de Darién, fronteriza con Colombia.
La funcionaria destacó la posición en declaraciones a través del telecanal local TVN, en referencia a la preocupación del Gobierno panameño por un flujo que superó, en lo que va del año, el récord histórico de 250.000 migrantes irregulares, en su mayoría en tránsito hacia Norteamérica.
Gozaine explicó, en cuanto a la posibilidad de aplicar medidas más duras, que el problema es que el proceso de deportación es más tedioso y requiere de mucho dinero. «Sólo podemos deportar en aviones comerciales dos personas a la vez, con cuatro custodios, y decirte que puedo deportar 60.000 personas que me entran al mes es imposible, y entonces hay que buscar otras alternativas», sostuvo.
Detalló que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ya autorizó la cotización de vuelos chárter, pero apuntó que también existe el inconveniente de que, para devolver personas a sus países, se requiere de la autorización de dichas naciones, el cual es un tema diplomático a cotejar.
Apuntó que prontamente se celebrará una reunión con el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y otros directores de los estamentos de dicha cartera, Cancillería, el ministerio de Gobierno y los responsables de Salud. Gozaine puntualizó que, de los más de 300.000 migrantes que pasado por la selva panameña este año, 60.000 han sido niños.
El Gobierno panameño ha dedicado un monto de casi 70 millones de dólares al problema migratorio, además de una campaña que califica a la selva del Darién de peligrosa, más que ruta segura hacia el norte del continente.
Estados Unidos y Guatemala apuntan a plan para migración segura
Guatemala en conjunto con Estados Unidos, pusieron en marcha la fase piloto del programa Movilidad Segura, que tiene como objetivo de procesar solicitudes de asilo y permisos laborales para migrantes centroamericanos. La Cancillería de Guatemala afirmó que la primera fase del programa tendrá vigencia durante 6 meses, fomentará la migración ordenada y los mecanismos de protección.
Los ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador ahora podrán agendar citas a través de una plataforma digital que determinará si las personas califican para recorrer alguna de las vías legales ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos para migrar en su territorio.
La Cancillería de Guatemala reiteró que realizar la solicitud de cita en la página no garantiza que los inmigrantes obtendrán un estatus legal en Estados Unidos. “Hay poca información, muchas dudas y no sabemos qué va a pasar cuando las personas apliquen y sean rechazadas porque la mayoría no pueden regresar a su país de origen“, dijo a la agencia de noticias EFE el sacerdote Francisco Pellizari, director del albergue Casa del Migrante.
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