El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, presentó su renuncia irrevocable al cargo, que se conoce tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de su país que declaró inconstitucional el contrato ley del proyecto Cobre Panamá entre el Estado panameño y Minera Panamá, y desarrollado al noroeste del territorio panameño.
Según recuerda en su publicación Agencia Xinhua, el contrato ley había sido promulgado el pasado 20 de octubre por el Gobierno panameño para una concesión a 20 años, con la opción de 20 años de prórroga, y con el propósito de darle continuidad legal a la operación de la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica.
Alfaro formalizó la dimisión a través de una carta que dirigía al presidente panameño, Laurentino Cortizo, y que publicó en su cuenta en X (antiguo Twitter), en la que explicó que la decisión «responde al ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país«.
El Palacio de las Garzas (sede de gobierno panameña) divulgó a través de un comunicado la designación por parte de Cortizo de Jorge Rivera, quien estaba ocupando el cargo de secretario de Energía de su Administración, como nuevo ministro de Comercio.
Cabe recordar que, el anuncio fue celebrado por manifestantes a las afueras de la sede de la CSJ, luego de que pasaron la noche en el lugar en demanda de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de concesión, contra el que se interpusieron alrededor de 10 demandas.
Además, la promulgación del polémico contrato se llevó a cabo en medio de múltiples cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad por la falta de consultas sobre la iniciativa, además de poner en riesgo el patrimonio ambiental del país con minería a cielo abierto.
Tras la promulgación iniciaron protestas públicas que fueron en ascenso con el cierre de calles, lo que derivó en desórdenes y generó un ambiente tenso, así como cuantiosas pérdidas económicas en el país.
Una vez conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Laurentino Cortizo, informó que se inició el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina.
«Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas, legales, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa«, dijo el mandatario.
