La calificadora Moody´s dijo que la cancelación en Panamá del contrato de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, “hace muy probable” que el país centroamericano no cumpla con el objetivo del déficit este año y en el 2024 y que afecte la perspectiva de crecimiento del producto interno bruto (PBI).
El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada por la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), también puede impactar “en la confianza de los inversores”, indicó a Agencia EFE la calificadora de riesgo.
La mina Cobre Panamá es una inversión de alrededor de US$ 10,000 millones que genera cerca de 7.000 empleos directos y 40.000 indirectos, una operación que representa el 4.8% del PBI y el 75% de las exportaciones del país, según datos de la empresa.
La Ley 406, del contrato ley minero, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y por el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, infringió 25 artículos de la Constitución de Panamá, de acuerdo con el fallo del Supremo, un día después de que fuera aprobado de forma unánime por el pleno de nueve magistrados. Asimismo, el presidente Cortizo anunció que una vez recibido formalmente el fallo judicial, el Gobierno inició el proceso de transición para el cierre de la mina, recordó Moody’s.
La calificadora señaló que el Ejecutivo de Cortizo contaba con que Cobre Panamá “se convirtiera en su segunda mayor fuente de ingresos después del Canal de Panamá”, con ingresos proyectados en US$ 770 millones o el 0.9% del PBI en 2023 y en US$ 375 millones anuales a partir de 2024 (0.4% del PBI de ese año).
Pero “sin estos ingresos, el Gobierno tendrá dificultades para alcanzar el límite de déficit objetivo del 3% del PBI” en el 2023, y es probable que el indicador “supere el techo de 2% en el 2024″, dijo la calificadora.
El rechazo generalizado al contrato minero sumió a Panamá en una grave crisis que estalló el 23 de octubre pasado dejando pérdidas calculadas en US$ 1,700 millones debido al bloqueo de vías que rompieron la cadena logística nacional y afectaron la centroamericana.
“Las protestas perturbaron la actividad económica y causaron más de US$ 1,700 millones en pérdidas, reduciendo potencialmente el crecimiento del PBI en un 1% en 2023″, dijo Moody’s, que recordó que su previsión de crecimiento del país este año era del 6% del PBI antes de la crisis. La consecuencia económica de la controversia contractual “puede afectar a más largo plazo” a Panamá, dada la reciente aprobación de una moratoria minera, añadió.
El pasado 31 de octubre, Moody’s rebajó a Baa3 desde Baa2 la calificación de Panamá y cambió de negativa a estable la perspectiva, esto último en base al “sólido crecimiento económico” previsto para “los próximos años, con tasas anuales en el rango del 4% – 5%”, que ofrecían un respaldo clave al perfil crediticio del país.
