El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá dio a conocer sobre la firma de 45 nuevas resoluciones de carácter administrativo que rechazan solicitudes de exploración de minería metálica en el país centroamericano.
Tal como publica La República, dichas resoluciones responden a la ley 407 del 3 de noviembre de 2023 que prohibió el otorgamiento de concesiones de exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en su territorio. La misma cartera también informó que las empresas solicitantes están siendo notificadas sobre las resoluciones de rechazo.
En la región de Azuero, por ejemplo, se han rechazado ya ocho nuevas solicitudes de extracción y tres de renovación. Los distritos en los que se pretendía realizar dichas exploraciones son Macaracas, Las Tablas y Tonosí, provincia de Los Santos. Por otro lado, la cartera también firmó 25 resoluciones para rechazar solicitudes de extracción de minerales metálicos y cancelaciones por vencimiento en Veraguas.
El despacho se encuentra en proceso de elaboración, por parte de la Dirección Nacional de Recursos Naturales, de las últimas 15 resoluciones en cumplimiento de la ley mencionada anteriormente.
Cancelación de contrato con Cobre Panamá impactaría el crecimiento del país
La calificadora Moody´s dijo que la cancelación en Panamá del contrato de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, “hace muy probable” que el país centroamericano no cumpla con el objetivo del déficit este año y en el 2024 y que afecte la perspectiva de crecimiento del producto interno bruto (PBI).
El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada por la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), también puede impactar “en la confianza de los inversores”, indicó a Agencia EFE la calificadora de riesgo.
La mina Cobre Panamá es una inversión de alrededor de US$ 10,000 millones que genera cerca de 7.000 empleos directos y 40.000 indirectos, una operación que representa el 4.8% del PBI y el 75% de las exportaciones del país, según datos de la empresa.
La Ley 406, del contrato ley minero, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y por el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, infringió 25 artículos de la Constitución de Panamá, de acuerdo con el fallo del Supremo, un día después de que fuera aprobado de forma unánime por el pleno de nueve magistrados. Asimismo, el presidente Cortizo anunció que una vez recibido formalmente el fallo judicial, el Gobierno inició el proceso de transición para el cierre de la mina, recordó Moody’s.
La calificadora señaló que el Ejecutivo de Cortizo contaba con que Cobre Panamá “se convirtiera en su segunda mayor fuente de ingresos después del Canal de Panamá”, con ingresos proyectados en US$ 770 millones o el 0.9% del PBI en 2023 y en US$ 375 millones anuales a partir de 2024 (0.4% del PBI de ese año).
Pero “sin estos ingresos, el Gobierno tendrá dificultades para alcanzar el límite de déficit objetivo del 3% del PBI” en el 2023, y es probable que el indicador “supere el techo de 2% en el 2024″, dijo la calificadora.
