Las autoridades de Rusia y Nicaragua han firmado un acuerdo para hacer frente a las «sanciones ilegales» impuestas contra ambos países por parte de la comunidad internacional en el marco del creciente acercamiento que han venido registrando durante los últimos meses.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, que ha calificado las sanciones como «agresiones» y ha explicado que el documento firmado contiene la fórmula para luchar contra estas medidas y sus «consecuencias negativas» para Moscú y Managua. Tal como publica Europa Press, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavtrov, y su el asesor y representante del presidente para asuntos con Rusia, Laureano Ortega, han mantenido un encuentro en Moscú en el que han dado el visto bueno a la declaración conjunta sobre los «medios y modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de estas medidas coercitivas y unilaterales«, según han explicado las autoridades de Nicaragua.
El texto recalca que el recurso de cualquier Estado a aplicar «medidas coercitivas es ilícito, contrario a la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional» y entraña «responsabilidad a nivel internacional». Así, las autoridades de ambos países han resaltado que «no deben reconocerse ni aplicarse este tipo de medidas, incluidas las de carácter extraterritorial, aplicadas por un tercer Estado, grupo o asociación de Estados», tal y como ha recogido el portal de noticias nicaragüense 19 Digital.
En este sentido, han instado encarecidamente a los Estados a «abstenerse de adoptar, promulgar y aplicar medidas coercitivas unilaterales que impidan el pleno logro del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo» y ha hecho hincapié en que este tipo de acciones «no deben ser reconocidas ni ejecutadas por los tribunales a nivel nacional».
«Las propiedades y activos estatales y privados, incluidas cuentas bancarias, bonos, bienes inmuebles, así como locales e instalaciones consulares y diplomáticos, estarán inmunes y no estarán sujetos a congelamiento, decomiso o cualquier otra forma de confiscación o restricción que surja de la implementación de medidas coercitivas unilaterales por parte de cualquier autoridad», sostiene el documento que hace responsable a los países ejecutores de estas sanciones de «indemnizaciones» por los daños que estas puedan acarrear.
