La nueva Ley de Cabotaje Marítimo constituye una modernización normativa largamente postergada en el sistema logístico chileno. Durante décadas, el sector operó bajo un marco restrictivo, con altas barreras de entrada, escasa respuesta del mercado y una oferta limitada de servicios.
Este entorno regulatorio, publica El Mostrador, redujo la eficiencia del cabotaje, mantuvo precios elevados e impidió que el transporte marítimo de corta distancia se consolidara como un componente relevante del transporte interno. Prueba de ello es que menos del 4% de la carga doméstica se movilizaba por vía marítima, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales. La reforma corrige estas limitaciones a través de un modelo de apertura regulada. El nuevo esquema permite la participación de navieras extranjeras, pero incorpora mecanismos de equilibrio mediante exigencias de abandono, requisitos técnicos específicos y la obligación de contar con tripulación chilena.
Con ello, se busca capturar los beneficios de una mayor competencia sin comprometer capacidades estratégicas nacionales ni el empleo marítimo local. Este enfoque, consistente con prácticas internacionales de regulación moderna, reduce asimetrías frente a otros modos de transporte y mejora la neutralidad competitiva del sistema.
Las estimaciones económicas apuntan a reducciones de costos logísticos entre 19% y 39%, equivalentes a ahorros cercanos a los 267 millones de dólares anuales. Dichos efectos provienen tanto de la mayor oferta de servicios como de incrementos en la eficiencia operativa, impulsados por la entrada de nuevos actores y la modernización tecnológica. Asimismo, la reforma facilita una mejor articulación entre transporte terrestre, puertos y centros logísticos, fortaleciendo la intermodalidad y reduciendo tiempos y costos asociados a la cadena de suministro.
Un elemento frecuentemente omitido, pero de alto impacto, es la mejora en el bienestar de las personas. La disminución de costos logísticos puede traducirse en precios más competitivos para bienes de consumo e insumos productivos, mitigando presiones inflacionarias vinculadas al transporte terrestre.
Además, un mayor uso de la vía marítima contribuye a descongestionar carreteras, reducir la accidentabilidad asociada al transporte de carga y disminuir la exposición de la población urbana a contaminantes locales. Estos beneficios no sólo elevan la calidad de vida en corredores logísticos y zonas metropolitanas, sino que también generan condiciones más seguras y saludables para las comunidades.
La reforma también genera efectos relevantes en la estructura de mercado del sector marítimo. La reducción de barreras de entrada incrementa la respuesta (oferta) del mercado y limita el poder de “mercado” de operadores incumbentes, favoreciendo estructuras competitivas con mayor diferenciación por tipo de servicio, frecuencia, tecnología y nivel de integración logística. Este entorno más dinámico incentiva la incorporación de flotas más eficientes, digitalización de procesos y mejoras en desempeño operacional.
En materia ambiental, el impacto es significativo. El transporte marítimo es considerablemente más eficiente desde el punto de vista energético, y su mayor participación podría reducir entre 50% y 70% las emisiones de CO₂ por tonelada-kilómetro en comparación con el transporte carretero.
La ley, además, incorpora incentivos para la renovación de flotas con tecnologías de bajas emisiones y sistemas de control de contaminantes alineados con los estándares MARPOL (sigla convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques). Esto reduce no sólo gases de efecto invernadero, sino también material particulado y otros contaminantes locales que afectan la salud en zonas urbanas y portuarias.
Desde la perspectiva de la gobernanza sectorial, la reforma introduce un marco de fiscalización más claro, actualiza definiciones operativas —entre ellas, “cabotaje”, “abandono” y “operador autorizado”— y fortalece el rol del Estado como regulador orientado a resultados. Estas mejoras, junto con una mayor predictibilidad normativa, reducen costos de cumplimiento y facilitan la planificación de inversiones de largo plazo por parte del sector privado.
En síntesis, la nueva Ley de Cabotaje Marítimo no sólo moderniza un sector históricamente rezagado, sino que también entrega una base más robusta para un sistema logístico competitivo, integrado y ambientalmente sostenible.
Las implicancias económicas, regulatorias y sociales de esta reforma posicionan al cabotaje como un modo estratégico para diversificar la matriz de transporte, disminuir costos, mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar en los compromisos de descarbonización del país. Se trata, en definitiva, de una reforma coherente con las exigencias del comercio internacional contemporáneo y con los estándares modernos de política pública orientada a eficiencia y sostenibilidad.
