Ecuador y Venezuela son los únicos países de América Latina que tienen establecida una jornada laboral de 40 horas. Chile avanza de cerca para ocupar el tercer puesto. Este domingo 26 de abril, el país sudamericano comienza la reducción a 42 horas semanales, un paso más para llegar a la meta. El resto de la región se mueve entre las 42 y las 48 horas legales, aunque varios gobiernos han emprendido reformas graduales que convierten las 40 horas en una promesa más que en una realidad inmediata.
Según publica El País, América Latina llega tarde a un debate que en Europa y el norte de Asia empezó hace décadas: cuánto tiempo debe pasar una persona en el trabajo para vivir dignamente y sin “quemarse”. La región mantiene algunos de los límites legales y, sobre todo, de las jornadas efectivas más largas del mundo, con países donde todavía es normal trabajar 48 horas a la semana, seis días seguidos. La reducción de la jornada, que en los años setenta se asociaba a la expansión del Estado de bienestar, hoy reaparece ligada a la salud mental, la productividad y la conciliación, pero también a economías informales y presupuestos fiscales mucho más frágiles.
En los últimos años, la discusión ha dejado de ser teórica. La aprobación de una ley de 40 horas en Chile, los recortes graduales de Colombia y Honduras, y la reforma constitucional en México han colocado el tema en el centro de la discusión pública y empresarial. A la vez, los datos muestran una paradoja: aunque varios países anuncian semanas “más cortas”, el grueso de los trabajadores latinoamericanos sigue acumulando muchas más horas de trabajo que sus pares en la OCDE.
Un continente que trabaja más de 40 horas
Las comparativas regionales coinciden en que la mayoría de los países de América Latina mantienen topes legales de entre 44 y 48 horas semanales, por encima de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de limitar la jornada “normal” a 40 horas. Argentina, Perú, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Guatemala y Panamá siguen con semanas de hasta 48 horas en sus códigos laborales, a menudo distribuidas en seis días de trabajo.
Otros países, como Brasil, El Salvador, Honduras, Cuba o República Dominicana, han rebajado el límite a 44 horas, pero siguen lejos de la meta de las 40, en un mercado laboral donde un alto porcentaje de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, con menor protección frente a jornadas excesivas.
En Argentina, la reciente aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei marca un rumbo opuesto a la tendencia regional de reducir jornadas: la nueva Ley de Modernización Laboral permite ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas —siempre garantizando 12 horas de descanso entre el final de un día de trabajo y el inicio del siguiente—, mediante acuerdos voluntarios entre empleador y trabajador que compensen las horas mediante banco de horas o días libres, sin la obligación de pagar sobretiempo.
Esta flexibilización, que modifica la normativa de 1974, pretende dinamizar un mercado laboral formal estancado, pero choca con las rebajas graduales en países como Chile o México y ha suscitado fuertes críticas sindicales por desincentivar la remuneración extra en un contexto de alta informalidad.
Ecuador y Venezuela: las 40 horas como realidad legal
Ecuador es el caso más claro. Su normativa limita desde hace décadas la jornada ordinaria a ocho horas diarias y 40 semanales, normalmente de lunes a viernes, con cualquier tiempo adicional tratado como hora extra.
En Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de 2012 redujo la semana máxima de 44 a 40 horas diurnas, con dos días consecutivos de descanso y límites menores para el trabajo nocturno y mixto. El estándar es una jornada de ocho horas diarias y 40 semanales, a partir de la que toda hora adicional debe pagarse como sobretiempo.
Chile y los ajustes finos
El caso chileno exige matices. En abril de 2023, el Congreso aprobó la reducción de la jornada ordinaria de 45 a 40 horas semanales en un plazo de cinco años, con un esquema de aplicación progresiva. El primer recorte, a 44 horas, entró en vigor en 2024 y la ley establece nuevas reducciones a 42 horas en 2026 y, finalmente, a 40 horas en 2028. Chile se convirtió así en una referencia para el resto de la región, sobre todo por incorporar mecanismos de adaptabilidad como los ciclos de trabajo de hasta cuatro semanas y la posibilidad de pactar jornadas 4×3 (cuatro días de trabajo por tres de descanso) entre empleadores y trabajadores.
Ese mismo modelo ha regresado al debate con el nuevo Gobierno. El equipo de José Antonio Kast promete seguir el plan de reducción a 40 horas, pero planea mejoras en cómo se cuentan y organizan esas horas, sin cambiar derechos ya ganados. El Ministerio del Trabajo prepara tres cambios: más flexibilidad en horarios para padres con hijos pequeños, aclarar qué cargos no controlan estrictamente la jornada (artículo 22) y decidir si la hora de comida cuenta o no en las 40 horas semanales.
México, Colombia, Honduras y otros planes hacia semanas más cortas
México acaba de dar un paso histórico. A principios del mes pasado, el Congreso aprobó una reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada máxima de 48 a 40 horas semanales, que será implementada de forma gradual hasta 2030, sin reducción salarial y de manera escalonada con dos horas cada año. El país se suma así a Ecuador, Chile y Venezuela en el grupo de Estados que ya contemplan en su marco legal —sea vigente o en transición— el umbral de las 40 horas.
Colombia sigue otra ruta: la Ley 2101 ordena recortar la jornada de 48 a 42 horas de manera escalonada entre 2023 y 2026, sin tocar los salarios. Cuando el proceso termine, Colombia no llegará a las 40 horas, pero se ubicará entre las semanas legales más cortas de la región.
Honduras aprobó en 2024 una reforma que redujo la jornada diurna de 45 a 44 horas, y el debate se ha deslizado hacia la posibilidad de seguir recortando hasta las 40 horas en los próximos años. En el Caribe hispano, sindicatos de República Dominicana han planteado formalmente bajar el límite legal de 44 a 40 horas, pero la propuesta todavía no se ha traducido en una reforma de código.
Fuera del circuito de Estados independientes, hay excepciones relevantes: territorios como Puerto Rico, regido por la legislación federal estadounidense, operan con una semana estándar de 40 horas, y la Guayana Francesa aplica las 35 horas del derecho laboral francés, lo que la convierte en la jurisdicción con la jornada más corta del vecindario.
