Panamá ha procesado en los últimos años a decenas de exfuncionarios por blanqueo y corrupción. La Dirección General de Ingresos ha tomado medidas firmes en busca de garantizar el cumplimiento tributario de quienes se beneficiaron de ganancias ilícitas a través de actos corruptos.
Tal como publica El Tiempo, en una carta dirigida a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia López, el director general de Ingresos, Publio de Gracia, hizo un llamado a la cooperación entre las instituciones judiciales y fiscales del país para lograr este objetivo. En su comunicado, el director de Ingresos destacó que las recientes decisiones judiciales relacionadas con acuerdos de pena y delitos contra la administración pública han revelado la desviación de fondos públicos hacia enriquecimiento ilícito por parte de algunos contribuyentes.
Esta situación ha generado una preocupación legítima sobre la necesidad de garantizar que las obligaciones tributarias correspondientes sean cumplidas de manera efectiva. De Gracia enfatizó que actualmente la Dirección General de Ingresos no tiene acceso a las sentencias y decisiones judiciales que reconocen ganancias ilícitas, lo que dificulta la determinación de los impuestos pendientes por parte de los contribuyentes en cuestión.
Para abordar esta preocupación, la DGI solicitó a la Corte Suprema de Justicia que inste a los jueces a proporcionar la información necesaria sobre casos que involucran ganancias ilícitas relacionadas con delitos de blanqueo de capitales y corrupción en la administración pública. El objetivo de esta solicitud es permitir que el ente tributario pueda evaluar adecuadamente las obligaciones fiscales pendientes y, en caso necesario, tomar las medidas legales correspondientes contra quienes hayan evadido sus responsabilidades tributarias.
De acuerdo con la misiva oficial, fechada el 21 de diciembre de 2023, la información proporcionada sería esencial para determinar la posible comisión de delitos contra el Tesoro Nacional.
Panamá ha sido testigo en los últimos años de numerosos casos de corrupción y blanqueo de capitales que han sacudido la esfera pública. Casos emblemáticos como el escándalo de Odebrecht, que involucra a dos expresidentes, han llevado a la firma de acuerdos de pena por parte de varios imputados.
La solicitud de la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la recaudación de impuestos en Panamá y combatir la evasión fiscal, un problema que ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Se argumenta que una combinación de normas especiales que eximen de impuestos a diversos sectores y una alta informalidad laboral han contribuido a la baja recaudación de impuestos en el país.
