El buen gobierno de la administración pública de un país es «un factor clave» para su rendimiento económico, por lo que resulta «esencial» que las distintas administraciones públicas puedan adaptarse a las circunstancias cambiantes y establecer los adecuados mecanismos de control, como pueden ser los órganos internos y externos de auditoría pública, junto con los Tribunales de Cuentas.
Así se ha puesto de manifiesto en el XLIII Seminario Internacional de Países Latinos Europa-América organizado por el Comité de Integración Latino Europa-América (Cilea), organización que engloba a las principales corporaciones de contables y auditores de América Latina, España, Portugal, Francia e Italia, con la colaboración de la Federación Internacional de Contables (IFAC), el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Rede Gobernança de Brasil (RGB).
Para dar cumplimiento a estos objetivos es necesario fortalecer dos pilares. El primero de ellos es el referido a los profesionales. Tener altamente capacitados y encargados de gestionar y de auditar políticas públicas coadyuvará a su buen gobierno.
El segundo pilar se refiere a la calidad de la información financiera y de sostenibilidad. Propiciar políticas y normas sobre la publicación de este tipo de información incrementará la transparencia de las administraciones y por ende será una palanca para su futuro control.
En este sentido las empresas tienen un papel relevante en todo esto, tal y como ha manifestado el presidente del CGE, Valentín Pich, para lo que es necesario unificar criterios en materia de sostenibilidad. Así pues, los principales representantes de las corporaciones, intervinientes en el seminario han puesto el acento en la importancia del profesional para la colaboración en la gestión de las finanzas públicas.
También en el peso que cada vez más va a tener el suministro de información no financiera o en materia de sostenibilidad por parte de las empresas para operar de manera óptima en el mercado. En este sentido, el seminario ha permitido poner en común entre las normativas de diferentes países, especialmente en materia de sostenibilidad con el objeto de buscar procedimientos homogéneos y compatibles entre los profesionales, con el objetivo de contribuir a una mayor transparencia y propiciar una mayor relación comercial fluida entre empresas en un mercado cada vez más globalizado.
Los representantes de los 12 países participantes han apostado por activar los mecanismos que favorezcan la adecuada coordinación y consolidar la representatividad de la profesión en sus distintos ámbitos de actuación.
Durante su intervención, Valentín Pich se ha referido al ámbito de información en materia de sostenibilidad. Así, según ha manifestado, la normativa de información en sostenibilidad requiere, «para que sea un éxito», de la implicación de las pymes y de los agentes económicos que las asesoran, que son en su mayoría contables y auditores.
«No olvidemos que las micropymes y pymes constituyen el 99% del tejido empresarial de Europa y también de América Latina, si este tipo de información no se hace habitual entre este tipo de empresas será más difícil alcanzar un crecimiento sostenible», ha sostenido.
