La fragilidad de los Estados y los niveles de criminalidad obligan a repensar la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe, alertaron los asistentes a un congreso anticorrupción que se celebra en Panamá con la participación de procuradores y magistrados de varios países de la región.
Durante los días del evento, el Congreso Internacional Anticorrupción reunió a procuradores, fiscales, jueces y magistrados de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y Colombia, para intercambiar estrategias y acciones entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil a fin de combatir la corrupción.
El director de la cátedra contra el crimen organizado de la costarricense Universidad para la Paz, entidad dependiente de la ONU, Mauricio Vieira, aseguró que la región requiere de una agenda común por tratarse de un problema generalizado, no sólo de los Estados, sino también del sector privado, la academia y la sociedad civil.
Como perspectivas para esta agenda común, dijo, es necesario identificar los riesgos, definir una estrategia de contribución en los foros multilaterales y contar con plataformas regionales que apoyen este esfuerzo.
El procurador general de Panamá, Javier Caraballo, afirmó durante la apertura del encuentro que la corrupción es un «mal que carcome los cimientos de la justicia, la igualdad y el desarrollo, que no respeta fronteras, niveles sociales ni económicos«, y se infiltra en las instituciones públicas y privadas «erosionando la confianza ciudadana, perjudicando la economía y el bienestar de las naciones».
Durante el congreso, se presentó una guía para la prevención y persecución de la corrupción pública y privada apoyada por el Ministerio de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá.
