La electromovilidad avanza con fuerza en América Latina y el Caribe, impulsada por políticas públicas, inversiones privadas y una creciente demanda por vehículos eléctricos. Sin embargo, el desarrollo del mercado no depende únicamente de la venta de automóviles, buses o camiones eléctricos, sino también de la disponibilidad de infraestructura de recarga. En este ámbito, varios países de la región han logrado posicionarse como referentes gracias a la expansión de sus redes de cargadores públicos y privados, un elemento clave para acelerar la transición energética y reducir las emisiones del transporte.
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en su informe sobre transición energética y movilidad eléctrica. publica que Chile encabeza el desarrollo de infraestructura para electromovilidad en Sudamérica. El país ha impulsado una estrategia nacional que combina incentivos regulatorios, participación del sector privado y una fuerte electrificación del transporte público, especialmente en Santiago, donde opera una de las mayores flotas de buses eléctricos fuera de China.
Empresas de distribución eléctrica, operadores especializados y fabricantes de tecnología han desplegado cientos de puntos de carga de corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) a lo largo del territorio, incluyendo corredores eléctricos que conectan las principales ciudades. La Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía han promovido estándares técnicos y plataformas de información para facilitar la expansión de la infraestructura.
Brasil representa el mercado de mayor escala de la región. Su tamaño económico y la acelerada adopción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables han impulsado un crecimiento sostenido de estaciones de carga rápida en carreteras, centros urbanos y centros comerciales. La Asociación Brasileña del Vehículo Eléctrico (ABVE) ha señalado que el número de cargadores públicos continúa aumentando año tras año, impulsado por inversiones de empresas eléctricas, fabricantes automotrices y operadores independientes. Este crecimiento busca responder al fuerte incremento en las ventas de vehículos electrificados registrado durante los últimos años.
Costa Rica sobresale como el líder centroamericano en infraestructura de recarga. Su matriz eléctrica, basada mayoritariamente en fuentes renovables, ha favorecido el desarrollo de políticas para promover la movilidad eléctrica. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), junto con empresas distribuidoras y actores privados, ha desplegado una red nacional de cargadores rápidos que permite recorrer prácticamente todo el país utilizando vehículos eléctricos. Además, incentivos fiscales y una legislación específica para electromovilidad han contribuido a consolidar uno de los mercados más dinámicos de Centroamérica.
México también figura entre los principales referentes latinoamericanos debido al crecimiento sostenido de su red de carga. La expansión ha sido impulsada por fabricantes como Tesla, BYD, Volvo y diversas marcas automotrices, además de empresas energéticas que han desarrollado estaciones tanto para uso público como corporativo. La ubicación estratégica del país, su industria automotriz y la creciente fabricación de vehículos eléctricos para exportación fortalecen las inversiones en infraestructura. Mientras tanto, Colombia ha registrado un avance significativo mediante corredores eléctricos nacionales y programas de apoyo para la adopción de buses eléctricos, especialmente en Bogotá, ciudad que posee una de las mayores flotas de transporte público eléctrico de la región.
En el resto de Centroamérica también comienzan a observarse avances importantes. Panamá desarrolla infraestructura vinculada a corredores logísticos y de transporte internacional, aprovechando su posición como centro de conectividad regional. Guatemala, República Dominicana y El Salvador han incrementado gradualmente la instalación de cargadores en zonas urbanas, centros comerciales y hoteles, aunque todavía presentan una densidad inferior respecto a Costa Rica. En todos estos países, la participación de compañías eléctricas, distribuidores de energía y empresas privadas está siendo determinante para acelerar el despliegue de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la electromovilidad.
El desafío para América Latina y Centroamérica ya no consiste únicamente en aumentar el número de vehículos eléctricos, sino en garantizar una red de recarga suficiente, interoperable y distribuida territorialmente.
Organismos internacionales coinciden en que la disponibilidad de cargadores públicos y rápidos será uno de los principales factores para masificar la adopción de la electromovilidad durante la próxima década. Chile, Brasil, México, Costa Rica y Colombia lideran actualmente este proceso, mientras otros países avanzan en inversiones que permitirán construir una red regional más robusta, favoreciendo un transporte más limpio, eficiente y competitivo.
