Durante los últimos días, la Administración del presidente Donald Trump publicó su nueva Estrategia Nacional de Seguridad (National Security Strategy), un documento que ha reorientado la política exterior estadounidense hacia una clara prioridad regional: América Latina, y con ello ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los activos geoestratégicos más sensibles del hemisferio: el Canal de Panamá.
Aunque el texto oficial no menciona explícitamente al Canal, su énfasis en prevenir la influencia o control extranjero sobre activos geopolíticos clave ha reactivado el debate sobre la posición de la vía interoceánica en la política de seguridad de Estados Unidos. Según expertos, esta ambición estratégica refiere implícitamente a puntos como el Canal de Panamá, cuya importancia logística y económica no ha dejado de crecer en las últimas décadas.
La vuelta al enfoque regional
El documento, divulgado en la primera semana de diciembre de 2025, señala que Washington busca asegurar su predominio en el Hemisferio Occidental como condición de “seguridad y prosperidad”. Analistas describen esta postura como una especie de “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, posicionando a Estados Unidos como garante de que ningún poder extranjero —en particular China— tenga presencia o control sobre infraestructuras estratégicas en la región.
Este giro representa un retorno al pensamiento geopolítico clásico de principios del siglo XX, reactivado para enfrentar los desafíos contemporáneos de competencia con potencias como Beijing.
Panamá en la mira geopolítica
Aunque no forma parte del texto formal, el Canal de Panamá emerge en análisis políticos y económicos como un punto de interés central de la nueva estrategia por varias razones:
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Acceso comercial global: la vía conecta el Atlántico y el Pacífico y es crucial para el comercio mundial.
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Competencia con China: existe preocupación en Washington por la participación de compañías chinas en infraestructura portuaria cercana al Canal, lo que ha alimentado narrativas de influencia extranjera en la región.
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Acuerdos y memoria histórica: el Tratado Torrijos-Carter de 1977 transfirió el Canal a Panamá en 1999 y estableció su neutralidad permanente, un marco que sigue siendo invocado por las autoridades panameñas para rechazar cualquier intento de intromisión externa.
Según medios especializados, la administración estadounidense también ha presionado para garantizar acceso preferencial y condiciones de tránsito estables en iniciativas estratégicas, aunque sin proponer cambios directos en la soberanía panameña.
Reacciones en Panamá y la región
En Panamá, la posible reorientación de la política estadounidense hacia una mayor atención en el Canal ha generado preocupación política y social. Sectores panameños consideran que movimientos percibidos como presión externa pueden “poner en riesgo la soberanía” si no se abordan con transparencia y respeto a los tratados vigentes.
Diversos líderes han pedido que cualquier acuerdo o cooperación vinculada con el Canal pase por la Asamblea Nacional de Panamá, e incluso se ha sugerido que se realicen mecanismos de consulta popular sobre temas que involucren la administración o seguridad de la vía interoceánica.
¿Una cuestión de seguridad… o de influencia?
Para algunos analistas, el renovado énfasis estadounidense en el Canal refleja una estrategia más amplia para contrarrestar la influencia de potencias extra-regionales, sobre todo China, en infraestructuras críticas. Esta percepción se ha visto alimentada por negociaciones comerciales y portuarias donde empresas chinas han buscado una mayor participación en activos logísticos cercanos al Canal, provocando tensiones con actores occidentales.
La situación recuerda que, aunque el Canal está bajo control panameño desde 1999, su valor como eje logístico global lo convierte en un terreno de disputa indirecta en la competencia geopolítica del siglo XXI.
En un contexto internacional donde las estrategias de seguridad nacional se entrelazan cada vez más con intereses económicos y comerciales, la manera en que EE.UU. y Panamá gestionen este capítulo puede tener repercusiones más allá de la política bilateral: podría influir en cómo se define el equilibrio de poder en el hemisferio y en la arquitectura logística del comercio global.
