El turismo en Ecuador fue golpeado fuertemente por la pandemia de COVID-19, cuando se encontraban en recuperación económica, el paro nacional en junio afectó el crecimiento que se había alcanzado ocasionando grades pérdidas. Por ello, el sector turístico ha propuesto, al Gobierno del presidente Guillermo Lasso, algunas peticiones para responder a la crisis.
El sector turismo cree que los últimos tres años han sido «desastrosos» para las empresas, desde el año 2019 han enfrentando protestas de los trabajadores. Por otro lado, Ecuador está siendo un país muy inseguro, que ha generado una caída económica no vista desde 1995.
Varios empresarios piden al Gobierno acceso a créditos, refinanciamiento de deudas de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Servicio de Rentas Internas, para que se reprogramen los pagos a plazos de 10 años y que el valor del IVA para los turistas sea de 0%.
La carta entregada al presidente Lasso propuso lo siguiente: “la pandemia arrasó con el flujo de caja del sector y luego la inseguridad descontrolada a partir de octubre del 2021, iniciándose con las matanzas y pérdidas de control de las cárceles del país: (esto) produjo que la demanda cayera en pleno periodo de recuperación. El violento paro de junio del 2022, con acciones criminales jamás antes vistas, no hace más que atentar con lo poco que quedaba de los negocios turísticos”.
Empresarios y emprendedores han limitado y cancelado operaciones, cerrado locales y reducido trabajadores, debido a la poca ganancia que no alcanzaba pagar los costos de liquidez. Por ello, el sector pide que la fuerza pública proteja y defienda de manera efectiva, de acuerdo a su deber constitucional, la vida, los bienes y las actividades de las empresas del sector turístico y de sus clientes.
Además, se pide el trabajo participe del Ministerio de Turismo para producir una campaña que limpie la reputación de la región, que internacionalmente se encuentra «devastada».
Entre los años 2020-2021, el sector perdió USD 4.500 millones, ahora, las protestas que ocasionaron un paro nacional en junio y la inseguridad ciudadana ha incrementando las pérdidas hasta aproximadamente USD 250 millones.