El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá, que agremia a las principales organizaciones del sector privado del país, calculó en más de 1.700 millones de dólares las pérdidas causadas a la economía panameña tras las protestas iniciadas luego de la promulgación por parte del Gobierno el pasado 20 de octubre de un nuevo contrato ley del proyecto Cobre Panamá.
Las manifestaciones, expresadas además a través del cierre de calles y de marchas que se hicieron multitudinarias con el paso de los días, se dieron además por la aprobación del contrato ley en la Asamblea Nacional de Diputados en tan sólo tres días, no obstante el cuestionamiento a su contenido planteado en días previos por diferentes sectores.
Aunque el Gobierno del presidente panameño, Laurentino Cortizo, había insistido en que el nuevo contrato entre Minera Panamá (filial de la compañía canadiense First Quantum) y el Estado panameño para el desarrollo del proyecto en el noroeste del país era mejor que un contrato anterior y que traería beneficios al país, diferentes sectores de la sociedad civil lo consideraron inconsulto y una amenaza al patrimonio ambiental de Panamá.
El presidente del Conep, Rubén Castillo, destacó en conferencia de prensa en la capital panameña la estimación además del gremio sobre «pérdidas acumuladas por 150 millones de dólares en el sector primario y agroalimentario, (…) y que crecerán de no abrirse ya las vías de circulación».
Castillo reiteró además al Gobierno la petición de mantener una postura firme y contundente en favor del respeto a la legalidad y el uso de las vías institucionales para resolver cualquier conflicto, así como poner un alto al cerco -por el cierre de vías- de los casi novecientos mil panameños que viven en la región occidental del país.
Según el representante empresarial, este cerco ha afectado a la matriz productiva de la región, a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales conforman el 95 por ciento del parque empresarial del país y generan el 45 por ciento de los puestos de trabajo.
Llamó además la atención sobre el impacto de la situación en la inversión internacional, ante un problema en la circulación terrestre debido a las protestas y que ralentizará aún más la recuperación del país, afectando la agrologística y la industria agroalimentaria.
La Asociación Bancaria de Panamá llamó la atención por su parte, a través de un comunicado, sobre el efecto negativo de los cierres de calles, los actos de vandalismo, de violencia y otros actos delictivos perpetrados por algunos sectores, en la economía y la calidad de vida de todos los panameños.
Representantes del sector turismo han hecho énfasis además en el perjuicio que han tenido en su actividad, entre otras, debido a los cierres de calles, afectando además la temporada de cruceros.
En medio de la discusión sobre la conveniencia o no del nuevo contrato minero, el presidente panameño sancionó el 3 de noviembre una ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en el país, y que fue promulgada en Gaceta Oficial.
El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) informó por su parte sobre la cancelación de exportaciones a vecinos países de Centroamérica debido al impacto de los bloqueos en el comercio.
En la Corte Suprema de Justicia han sido presentadas entre tanto cerca de 10 demandas de inconstitucionalidad del nuevo contrato ley de Cobre Panamá, varias de las cuales han sido admitidas y están pendientes de resolución.
