S&P, la agencia calificadora internacional de Global Ratings, confirmó la calificación de Ecuador en un análisis de crédito soberano y de corto plazo nombrándolo en la categoría «B-B», además confirma que económicamente se mantienen estables, pero los problemas sociales ponen en cuerda floja su estabilidad.
En su análisis se confirma que la región ecuatoriana se mantiene estable hasta un plazo de 12 meses y que la administración “seguirá comprometida con las políticas fiscales y económicas destinadas a reducir los desequilibrios del soberano, a pesar de los riesgos de ejecución en medio del débil apoyo en la Asamblea Nacional y las frágiles condiciones socioeconómicas”.
Además, evalúan un progreso continuo gracias al acuerdo con el SAF, que el país tiene con el FMI y finaliza este año. “Este apoya el acceso a la financiación oficial, que es clave dado el pequeño mercado local y la incertidumbre sobre la capacidad de aprovechar los mercados internacionales”, señala el informe.
S&P propone 4 escenarios para el presente y el futuro del país. Por un lado, el escenario negativo llegaría “si una dinámica política imprevista conduce a desequilibrios fiscales superiores a nuestras expectativas o dificulta el acceso a los préstamos oficiales”.
El análisis indica que “los grandes aumentos del gasto permanente financiados por los elevados ingresos del petróleo” que podrían “aumentar la vulnerabilidad a las perturbaciones de los precios de los productos básicos”.
El escenario positivo se establecería si la ejecución de las políticas fiscales y de otro tipo se traduce en un ritmo de mejora fiscal más rápido de lo previsto, al tiempo que se mantienen los superávits por cuenta corriente.
Además, la calificadora cree que los flujos fiscales junto con los externos mejoraría favorablemente la posición de la deuda externa, “también podríamos elevar las calificaciones si el crecimiento del PIB real se fortalece y se pone en línea con el de sus pares con un nivel de desarrollo económico similar”.
Por otro lado, la calificadora también analiza unas amenazas que llegarían si la tensión social continua, esto limita la velocidad de los procesos fiscales y mantienen las necesidades de financiación por encima del 6% del PBI.
Finalmente, se cree que en un futuro Ecuador, exista un el déficit del gobierno general caiga al 2,2% del PIB en 2022, desde el 2,5% en 2021 y el 7,2% en 2020. Es más, “es probable que el déficit sea del 2,2% del PIB en promedio en 2023-2025″.
También supone que “el sólido desempeño de los ingresos este año mitigará la erosión presupuestaria de las presiones de gastos adicionales luego de la huelga nacional en junio”. Desde su perspectiva, los precios del petróleo han sustentado la rápida recuperación de las regalías, cuya contribución a los ingresos del gobierno central superó el 35% en 2021. Por ello, “los altos precios deberían elevar los ingresos petroleros del gobierno central a $11.700 millones en 2022 desde $8.700 millones en 2021″.
