La Fundación Naturgy acaba de publicar un estudio, elaborado por PwC y el Ciemat, que aboga por establecer objetivos vinculantes y más ambiciosos para aprovechar el potencial real del biogás y el biometano en la descarbonización.
El potencial de España para el biometano es espectacular, especialmente en un momento en que es necesario reducir la dependencia del gas natural. La producción de biometano es una solución factible a corto plazo, según se ha argumentado en la presentación, a la que se unen las redes de gas existentes, listas para distribuir este gas renovable.
En este sentido, es importante fijar el rumbo adecuado y establecer políticas que favorezcan las economías de escala, como mecanismos de apoyo y subsidios, además de un plan concreto para implantar las garantías de origen, cuyo esquema de funcionamiento se aprobó recientemente. Por otro lado, es necesario activar medidas para acelerar la tramitación de permisos, pues mientras en Francia, por ejemplo, en 12 meses es posible construir una planta, en España los periodos son mucho más largos.
La Hoja de Ruta del Biogás del Gobierno plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh, y prevé que ese mismo año al menos un 1% del gas consumido a través de la red de gas natural sea biometano. Llama la atención que la cuota impuesta para el biometano en otros países clave a nivel europeo sea de alrededor de 10% del consumo final de gas para el año 2030, dado que el potencial del biometano en España es mucho mayor.
Desde el Ciemat, indican que considerando el máximo potencial posible de producción de biogás, se podría llegar a sustituir hasta el 32% de la demanda nacional de gas natural con una reducción de la huella de carbono asociada al sector gasista de entre un 20-56%.
En conclusión, además de establecer objetivos vinculantes y ambiciosos, la clave para el desarrollo de estos gases renovables radica en la puesta en marcha de un sistema de garantías de origen, la digitalización de las redes de gas y la simplificación de los procedimientos administrativos para la construcción de las plantas.
Asimismo, es necesario que se establezcan mecanismos de apoyo y un marco normativo y fiscal que regule las aplicaciones no eléctricas del biogás, que se centren en la financiación de los costes de inyección, la compensación del valor de los derechos de emisión y en garantizar la venta a un precio resultante de una subasta competitiva.
