El Gobierno panameño constató en una visita en el rural distrito de Donoso, al noroeste de Panamá, el cese de operaciones de la mina de Cobre Panamá, la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, y como uno de los pasos iniciales para el cierre definitivo del proyecto.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Jorge Rivera, reconoció el resultado durante la visita que encabezó, en la considerada primera inspección técnica en sitio de una comisión fiscalizadora gubernamental, con el acompañamiento de una veeduría ciudadana, y la presencia de representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales. El proceso para el cierre de la mina lo emprendió el gobierno del presidente panameño Laurentino Cortizo.
Lo anterior fue considerando la declaratoria el pasado 28 de noviembre de 2023 por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de la inconstitucionalidad de la ley del contrato de concesión efectuado entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Panamá S.A., filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals, para operar 20 años la mina.
Rivera explicó que con un primer eje en el proceso de cierre se buscará garantizar la preservación ambiental, el declive y el mantenimiento para verificar que se cumple con todos los requerimientos y evitar un desastre ambiental en la mina.
Estimó que esta primera etapa podría costar 800 millones de dólares, o un promedio de entre 150 millones de dólares y 180 millones de dólares al año, sin considerar el costo que implicaría el cierre de la mina, el cual indicó no ha sido dimensionado.
Según el funcionario, este primer eje comprendería la preservación ambiental, la estabilidad química, la estabilidad física, para lo cual se requiere hacer un análisis más detallado.
Los otros ejes en esta etapa serían de acuerdo con Rivera, el inicio de auditorias ambientales y contar con un plan de cierre, para lo cual como próximo paso se espera recibir por parte de Minera Panamá un plan de cuido y mantenimiento ya más detallado y estructurado.
En cuanto a las auditorías expuso que con la información que están recabando, esperan generar una convocatoria abierta para la contratación de las empresas que van a generar las referidas auditorías. El titular de la Cartera de Comercio destacó además el propósito de iniciar la conformación de un panel de expertos para elaborar un plan de cierre de la mina como tal.
«Elaborar un plan de cierre de una mina de estas características puede tardar entre cuatro meses, seis meses y 18 meses. Estamos apuntando a que sea por lo menos entre seis meses y ocho meses», puntualizó.
Rivera precisó que para la conformación del plan de expertos están trabajando con las Naciones Unidas, con el Gobierno de Chile, con el Banco Mundial (BM), con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a fin de contar con contenido y resultados.
.El ministro de Comercio e Industrias reconoció que es una pregunta quién pagaría por el proceso de mantenimiento de la mina, considerando que como ha sido normal en este tipo de proyectos, las empresas mineras van recabando de sus ingresos para tener una reserva para el cierre, pero ahora la empresa (Minera Panamá) no está generando ingresos.
Boris Batista, gerente del sitio puerto de la mina, reconoció por su parte durante la visita que existe un riesgo de contaminación debido a que la empresa mantiene en bodega aproximadamente 132.000 toneladas de concentrado de cobre, de la explotación de la mina antes de la decisión de la Corte, por lo que es necesario que esa producción pueda salir, y que debido a los cambios de temperatura emite gases y puede generar otros problemas.
Aseguró que van a tomar en la empresa todas las medidas necesarias en conjunto con las autoridades. Las estrategias que considera el gobierno en la materia son, según Rivera, la defensa ante un eventual proceso de arbitraje, tras la decisión de la Corte, repensar a lo que corresponde el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y el proceso de cierre.
