El uso de medios digitales y el flujo de información personal en Internet ya es parte indispensable del funcionamiento del mundo, donde la tecnología abre posibilidades en distintos campos al tiempo que aparecen nuevas amenazas en materia de ciberseguridad.
En Panamá, a pesar de que existen una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, está aún no se ha desarrollado lo suficiente frente a los desafíos que tiene el país . Además, todavía desde el Estado no se ha definido una política eficiente que trabaje la concienciación de la población sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en el ciberespacio. En conversación con La Estrella de Panamá, Lía Hernández, abogada especialista en protección de datos, señaló que dicha estrategia no contempla asuntos vitales como identificar cuáles son las infraestructuras críticas del Estado que debe tener una política en asuntos de ciberseguridad.
“Son estructuras que son más susceptibles de tener algún ataque cibernético podrían ser identificados fácilmente como una estructura crítica del Estado: el Canal de Panamá, los puertos o el aeropuerto de Tocumen por ser un hub en las Américas. Igual el Centro Bancario Internacional”, indicó Hernández, miembro de Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec). Subrayó que aunque los especialistas en el país tienen autentificadas dichas estructuras, no existe una política estatal integral que comprenda su protección.
Al hablar de ciberdelitos, el país carece de una regulación robusta, aún cuando Panamá fue uno de los primeras naciones en la región en suscribirse al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (2001).
Destacó que algunos sectores como el bancario, logístico y de seguros han avanzado en actualizar sus políticas de ciberseguridad, considera que se requiere un seguimiento a la estrategia nacional para que esta no termine como letra muerta. Otro elemento que destacó como clave es apuntar hacia la prevención, en particular aquella que apela a trabajar la conciencia del ciudadano para que evite realizar cosas que puedan significar un riesgo en el mundo digital.
En asuntos tan comunes como la aceptación de condiciones al descargar una aplicación en un celular o dar luz verde a los términos de un servicios en línea, las personas pueden dar el consentimiento a prácticas que ponen en cuestión la seguridad de su vida privada.
Remarcó que algunos de estos consentimientos en línea permiten que los datos o fotos privada pasen a terceros, o se almacenen por más tiempo del que los parámetros en materia de protección de datos señala. “Tú tienes el derecho a saber quien tiene tus datos”, enfatizó.
Hernández sostuvo que es necesario incorporar el componente digital a las diferentes asignaturas que reciben los niños y jóvenes en el sistema educativo, a modo de prevención y no ver las nuevas tecnologías como distracciones en el aula sino una herramienta, si es bien llevada.
