Brasil descendió en su puesto global en materia de corrupción debido a la interferencia del gobierno en el trabajo de las agencias de aplicación de la ley, lo que ha provocado graves consecuencias en la lucha contra el soborno, dijo Transparencia Internacional (TI).
El país sudamericano ha pasado de un estatus «moderado» a «limitado» en la aplicación de los mecanismos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra el pago de sobornos en transacciones comerciales en el extranjero, según un nuevo informe de la asociación no gubernamental con sede en Berlín.
El descenso podría hacer retroceder las esperanzas de Brasil de ingresar pronto en la OCDE, dijo Guilherme France, consultor de TI en Brasil, a Reuters. La Convención Antisoborno de la OCDE, a la que Brasil se adhirió en 2002, tiene como objetivo combatir el pago de sobornos por parte de empresas multinacionales o exportadoras a representantes públicos extranjeros para favorecer sus negocios en el mercado global.
El informe señala que la pérdida de independencia de las instituciones en Brasil, sobre todo la fiscalía y la policía federal, así como la poca transparencia en las investigaciones contra el soborno transnacional, son «retrocesos preocupantes». La situación es «realmente decepcionante», ya que Brasil pasó por un periodo de importantes mejoras legales y desarrollo institucional, dijo France.
«Como resultado de estos avances, Brasil se había convertido en una de las pocas economías emergentes del mundo en hacer responsables a sus empresas de los sobornos pagados en el extranjero», agregó. «Sin embargo, el presidente (Jair) Bolsonaro ha dado numerosos reveses al marco legal e institucional anticorrupción del país desde que asumió el cargo en 2019″.
France indicó que el retroceso de Brasil muestra cómo la interferencia política en los organismos de aplicación de la ley no sólo amenaza el estado de derecho, sino que también pone en peligro las capacidades de estos organismos para combatir la corrupción, tanto a nivel nacional como mundial.
La Procuraduría General de la República rechazó el informe por tener «conclusiones sesgadas (…) que no se apoyan en hechos o cifras concretas» y añadió que en los últimos años Brasil ha intensificado sus esfuerzos contra la corrupción. Ni la OCDE ni la oficina presidencial brasileña respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Brasil inició las conversaciones con la OCDE sobre su adhesión a fines de enero. La organización dijo que el progreso de Brasil en ese sentido dependería de la adhesión del país a las mejores prácticas del organismo intergubernamental.
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