Miles de inmigrantes de un grupo de países centroamericanos se encuentran frente a un panorama incierto ante la posibilidad de que la futura administración del presidente electo Donald Trump elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS), una herramienta crucial en la política migratoria de Estados Unidos desde 1990.
Tal como publica La Nación, esta medida, creada durante el mandato de George H. W. Bush, permitió que ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis puedan residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por períodos limitados. Sin embargo, el regreso de Trump a la presidencia revivió la incertidumbre respecto del estatus migratorio para cientos de miles de extranjeros, especialmente provenientes de Centroamérica.
Países que contempla el TPS
En el caso de Centroamérica, son cinco los países que están contemplados dentro del Estatus de Protección Temporal: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, hay más naciones del resto del mundo: Afganistán, Camerún, Etiopía, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Ucrania, que es el único europeo dentro de la lista.
Desde su creación, el TPS brinda un estatus temporal a quienes no pueden regresar a estos países debido a condiciones inseguras. No obstante, Trump calificó el programa como una “amnistía disfrazada” y reiteró durante la campaña su intención de eliminarlo.
Qué pasará con estos migrantes
Durante la primera administración de Trump, las restricciones migratorias aumentaron considerablemente. La reducción de los permisos de asilo y el endurecimiento de las políticas en la frontera sur limitaron las opciones para quienes buscaban ingresar a Estados Unidos.
La crisis migratoria se acentuó aún más durante la gestión de Joe Biden y hoy representa una de las principales preocupaciones de los votantes, según las encuestas. El fin del TPS para los ciudadanos centroamericanos podría intensificar estos desafíos. Sin esta protección, miles de personas enfrentarían la deportación o el regreso a contextos marcados por la pobreza y la violencia.
La postura de la administración Biden frente al TPS
A diferencia de su predecesor y sucesor, Biden amplió las protecciones del TPS a 16 países, lo que benefició a más de 866 mil extranjeros. Durante su mandato, buscó dar continuidad a este programa como parte de una política migratoria más inclusiva.
El Salvador, Nicaragua, Venezuela y otros países de la región han enfrentado crisis prolongadas, desde desastres naturales hasta conflictos políticos. Estas condiciones llevaron a la designación del TPS en primer lugar. Si el programa finaliza, los afectados tendrían que regresar a sus respectivos países, donde las condiciones de vida continúan siendo complejas.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras agrupaciones pro-migrantes han prometido luchar contra cualquier intento de eliminar estas protecciones.
El futuro del TPS y de las comunidades que dependen de este programa sigue siendo incierto, ya que la administración de Trump podría encontrar obstáculos en la Justicia, tal como ocurrió en 2020 durante su primer mandato. No obstante, la posible eliminación de estas protecciones genera preocupación por las graves consecuencias legales y sociales que representaría tanto para los beneficiarios como para sus familias en Estados Unidos.
