La comparación regional deja claro que América Latina está lejos de presentar una situación fiscal uniforme. Bolivia, Brasil y Surinam concentran los niveles más elevados de deuda pública respecto al PIB, aunque las características de sus obligaciones y su capacidad para financiarlas son muy diferentes.
Mercado publica que, el ranking muestra una diferencia considerable entre las economías latinoamericanas. Bolivia supera el 100% de deuda pública sobre PIB, mientras que Ecuador se mantiene por debajo del 55%. Entre ambos extremos existe una brecha de casi 50 puntos porcentuales.
Esta dispersión es uno de los principales cambios que enfrenta la región. En 2019, la diferencia entre la economía latinoamericana más y menos endeudada era de 63 puntos del PIB. Para 2026, el IIF proyecta que llegará a 73 puntos, reflejando una divergencia fiscal cada vez mayor.
El dato también permite entender por qué un ranking basado exclusivamente en el nivel de deuda puede resultar engañoso. Brasil tiene una deuda muy elevada, pero su estructura financiera es distinta a la de Bolivia. Cerca del 95% de la deuda brasileña está denominada en reales y en manos de inversores locales, mientras que el país dispone de un mercado financiero profundo y reservas importantes.
Bolivia, en cambio, enfrenta una presión más inmediata. Su deuda pública alcanza el 102% del PIB, pero el problema central está relacionado con la disponibilidad de dólares para atender sus obligaciones externas. Las reservas internacionales netas eran de US$3,347 millones en junio de 2026, frente a una deuda pública externa de US$14,358 millones.
Surinam ocupa el tercer lugar del ranking, aunque su trayectoria es particularmente volátil. Su deuda llegó a representar el 146.4% del PIB en 2020, después de haber sido de 84% en 2019. Tras una reestructuración, cayó al 88% en 2024 y volvió a aumentar en 2025.
Por eso, la deuda sobre PIB debe analizarse junto con el tipo de cambio, la composición de la deuda, las reservas y el acceso al financiamiento. Un nivel elevado no necesariamente implica una crisis inmediata.
México ofrece otro contraste. Con una deuda de 62.7% del PIB, se encuentra bastante por debajo de Bolivia y Brasil. Sin embargo, el costo de los intereses aumentó de 4.41% del PIB en 2019 a 5.98% en 2026, lo que introduce una presión creciente sobre sus finanzas públicas.
Argentina, por su parte, combina una deuda de 70.4% del PIB con un superávit primario de 1.9%. La mejora fiscal reduce parte de la presión, aunque el país todavía depende de su programa con el FMI y no ha recuperado un acceso estable a los mercados internacionales.
La gran diferencia entre estos países está, por tanto, en la capacidad para transformar deuda en una obligación manejable. Bolivia enfrenta un problema de liquidez y divisas; Brasil, un desafío de sostenibilidad fiscal; Surinam, una combinación de deuda elevada y vulnerabilidad externa; mientras que México y Argentina afrontan riesgos de naturaleza diferente pese a registrar ratios inferiores.
La creciente brecha confirma que América Latina ya no puede analizarse como un bloque fiscal homogéneo. El ranking de deuda pública sobre PIB sirve como punto de partida, pero la verdadera dimensión del riesgo aparece al observar qué hay detrás de cada porcentaje.
Centroamérica
La deuda pública continúa siendo uno de los principales desafíos fiscales de Centroamérica en 2026. De acuerdo con las cifras más recientes disponibles y las proyecciones de organismos internacionales, El Salvador se mantiene como el país con mayor nivel de endeudamiento de la subregión, seguido por Belice, Costa Rica y Panamá.
Los datos recopilados por el Ministerio de Finanzas de Guatemala, con base en información del Fondo Monetario Internacional (FMI), situaban la deuda pública de El Salvador en torno al 87,6% del PIB en 2025, mientras Belice alcanzaba 64,7%, Costa Rica 59,7% y Panamá 59,6%. Honduras registraba 45,1%, Nicaragua 39,3% y Guatemala 26,8%. Para 2026, la evolución dependerá del crecimiento económico, el resultado fiscal y las necesidades de financiamiento de cada gobierno, aunque los países con mayores niveles de deuda parten con una posición fiscal más exigente.
El caso de Costa Rica también concentra especial atención, pese a la trayectoria de reducción registrada en los últimos años. El FMI señaló en mayo de 2026 que la deuda del Gobierno Central había alcanzado 60,4% del PIB al cierre de 2025, mientras que las autoridades mantienen como prioridad preservar la disciplina fiscal y reducir las presiones derivadas del servicio de la deuda.
En este escenario, El Salvador enfrenta la mayor carga relativa entre las principales economías centroamericanas, mientras que Panamá y Costa Rica se ubican en un segundo grupo de países con niveles cercanos al 60% del PIB. La diferencia con Guatemala, Nicaragua y Honduras muestra una importante heterogeneidad fiscal dentro de la región y plantea distintos grados de margen para financiar inversión pública, infraestructura y políticas de desarrollo durante 2026.
